Noticia publicada el 26 de junio del 2022 por Diario constitucional.

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por no haber dictado acto terminal de solicitud de residencia definitiva respecto de ciudadano venezolano.

En su libelo, el recurrente expone que en enero del año 2019 presentó una solicitud de residencia definitiva, sin embargo, ha transcurrido más de un año en que la recurrida no se ha pronunciado.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la impugnación al considerar que, “(…) el eventual retraso en la tramitación, no constituye ninguna de las hipótesis del artículo 21 de la Constitución. En efecto, el recurrente no está arrestado, detenido o preso, ni se ha dictado acto alguno que amenace o perturbe su libertad personal o seguridad individual, puesto que, tal como lo se ala el Servicio Nacional de Migraciones, a la fecha, no existe orden de abandono o expulsión vigente a su respecto, y, además le ha sido otorgado un certificado que acredita que su petición, se encuentra en trámite, documento que le otorga un estatus migratorio regular.”

El máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada, al considerar que  al transcurrir más de 28 meses sin que se haya dictado el acto terminal correspondiente se ha infringido “(…) el artículo 27 de la Ley 19.880, norma que dispone que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”

El fallo concluye que, “(…) las circunstancias antes descritas importan necesariamente un problema de seguridad jurídica, dejando al actor en una situación de incertidumbre completamente injustificada, vulnerándose de este modo la garantía fundamental de la seguridad individual a su respecto.”

En mérito de lo expuesto, revocó el fallo en alzada y acogió el recurso de amparo, ordenando a la recurrida pronunciarse respecto de la solicitud en un plazo que no supere los 30 días.

La decisión se acordó con el voto en contra del ministro Jorge Dahm, quien estuvo por confirmar la sentencia impugnada al considerar que, “(…) la parte actora se encuentra legalmente en el país, puede trasladarse libremente de un lugar a otro y más aún, puede salir, reingresar al territorio nacional y trabajar cuando así lo estimare pertinente. No se advierte así ninguna inseguridad ni incertidumbre que afecte su libertad”; y añadió que, “(…) el recurso de amparo no es la vía para acelerar trámites administrativos ante la autoridad, desvirtuando así su naturaleza, más aún, si no está afectada la libertad individual de las personas en cuyo favor se acciona.”

Vea sentencias Corte Suprema Rol N°22.087-2022 y Corte de Santiago Rol N°2048-2022.

Noticia original: https://www.diarioconstitucional.cl/2022/06/26/servicio-nacional-de-migraciones-debe-pronunciarse-sobre-solicitud-de-residencia-en-un-plazo-de-30-dias/