Según la carpeta, el imputado habría trasladado a los afectados a una vivienda construida de plástico y sin servicios básicos en Villa Renoval, donde trabajaron 13 horas diarias y sin días libres en la extracción de musgo.
Noticia publicada por El pingüino el 02 de enero 2022
Tras una investigación de largo aliento, el Ministerio Público presentó su acusación en contra de Jaime Cabrera Almendra, un empresario magallánico que habría sometido a ocho ciudadanos haitianos a trabajos forzados.
La Fiscalía lo sindica como autor del delito de trata de personas. Pide una condena de 10 años de cárcel y multa de hasta 3,6 millones de pesos.
Engañados a Magallanes
Los hechos descritos en la acusación indican que las víctimas llegaron a Chile entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Tenían visa de turista y buscaron regularizar su situación migratoria a través de la búsqueda de empleo. Así conocieron a Jameson Sant Fort, un comerciante haitiano que habría hecho labores de captación para Cabrera Almendra.
El empresario costeó los pasajes de las víctimas a Punta Arenas. Según la acusación, retuvo sus pasaportes y los trasladó a un predio de Villa Renoval para que trabajasen en la recolección de musgo.
El lugar quedaba a 64 kilómetros de Puerto Natales y no tenía locomoción pública. Los afectados –que no hablaban castellano ni conocían el camino a la ciudad– vivieron en una “rancha” construida de plástico, sin conectividad telefónica ni menos internet. Tampoco contaba con electricidad, calefacción ni alcantarillado.
La jornada laboral iniciaba a las 7.00 y concluía a las 20.00 horas. Se trabajaba de lunes a domingo y sin el abrigo necesario para hacer frente al frío magallánico. Según la carpeta, a los haitianos se les pagaba 500 pesos por cada saco rellenado de musgo, mientras que los trabajadores chilenos recibían hasta 1.000 pesos por el mismo trabajo.
De la remuneración alcanzada con el relleno de sacos, el acusado habría descontado un porcentaje por alimentación, zapatos de trabajo y el propio traslado de los haitianos desde Santiago a Puerto Natales.
“Las víctimas eran conminadas a producir puesto que, en caso contrario, no se les haría contrato y serían expulsadas del país”, dice la acusación firmada por la fiscal Wendoline Acuña.
En febrero de 2018, los afectados firmaron un contrato con la exconviviente de Cabrera Almendra, quien figuraba como representante legal de la empresa. De acuerdo a la fiscalía, el documento estaba escrito en español y los empleados no lo entendieron, pero lo firmaron para obtener su visa de trabajo. Dos meses después el imputado les hizo firmar un finiquito.
“El término de la relación laboral se produjo porque las condiciones climáticas hacían imposible que los ciudadanos haitianos siguieran trabajando, lo que los obligó a pedir ayuda”, señala la acusación.
Cartas de la Fiscalía
El Ministerio Público cuenta con 32 testigos para acreditar los hechos, incluyendo a los extranjeros afectados. También podría declarar ante el tribunal el comerciante haitiano que hizo labores de captación y la exconviviente de Cabrera Almendra.
La fiscalía también puede exhibir ante los jueces los contratos de trabajo, pasajes aéreos y acreditación de hosterías, entre otros medios probatorios.
El imputado cumple actualmente con firma quincenal ante la Fiscalía Local de Puerto Natales y arraigo regional. El 21 de enero tendrá que conectarse al juzgado
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