El proyecto de ley tiene como objeto que la acción de reingresar de manera ilegal al territorio nacional, de aquellos extranjeros expulsados del país, sea constitutiva de delito y, consecuentemente, le sea aplicable una sanción de carácter penal, que tampoco le permita acceder a algún beneficio de la Ley Nº 18.216.
Así, el proyecto de ley agrega un nuevo artículo en la ley Nº 21.325, Ley de Migración y Extranjería, que establece que el extranjero que ha debido ser expulsado del país y, que haga nuevo ingreso de manera ilegal, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y expulsión del país, una vez cumplida esta última, sin que su ejecución pueda ser objeto de alguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictiva de libertad.
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