Tras una instrucción de la Suprema a las Cortes de Apelaciones y a los Centros de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (Coccmp), el tribunal de última instancia pudo cifrar que en Chile hay 2.777 niños, niñas y adolescentes migrantes con medidas de protección vigentes. De ese total, 31 son no acompañados o en situación de abandono.

Noticia publicada por biobiochile.cl el 12 de abril del 2021

El Pleno de la Corte Suprema catalogó como un asunto prioritario la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes sin acompañantes que ingresan al país por pasos irregulares.

Por ello, el máximo tribunal ordenó la creación de mesas de trabajo interinstitucionales, protocolos y levantamiento de información concreta sobre este fenómeno en todo el país.

Además, hay 30 NNA que estando en esta condición han hecho abandono de la residencia o no han adherido al programa ambulatorio, desconociendo su paradero, por lo que en todos esos casos existen órdenes de búsqueda de los respectivos juzgados con competencia en familia, siendo monitoreadas mensualmente.

La jueza de Familia de Iquique e integrante de la mesa de trabajo, María Olga Troncoso, indicó que aunque la cifra de 31 niños y niñas no acompañados puede parecer menor, es una cifra alta y que corresponde a la fotografía post crisis migratoria de 2020, en donde solo en la región de Tarapacá hubo 34 causas sobre esta temática.

Obligados por tratados

El ministro Mario Carroza quedó encargado del proceso.

“A raíz de algunos hechos ocurridos en la jurisdicción de Iquique, específicamente en Colchane, la Corte Suprema tomó conocimiento de esta situación y decidió que había que formar un comité que se preocupara de elaborar algunos procedimientos importantes para saber exactamente qué hacer con los niños que no venían acompañados y poder ir, a través de la institución, orientando para los efectos de reubicar a estos niños con sus familias”, explicó.

“Dentro de los efectos de la migración, efectivamente lo más grave es un niño que queda al amparo de las autoridades de nuestro país. Y por eso era importante que el Poder Judicial se hiciera cargo de esta situación, pero no podía hacerlo solo, sino que a través de la compañía de otras instituciones”, añadió.

En concreto, mencionó al Sename, Carabineros, PDI, Defensoría de la Niñez, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.

La decisión del tribunal se enmarca en una serie de tratados internacionales de protección de migrantes, de grupos vulnerables y decisiones de los poderes judiciales de ser garantes de los derechos de estos ciudadanos.

“Nosotros estamos comprometidos internacionalmente por diversos tratados donde efectivamente debemos responder en este sentido. Por lo tanto, nosotros no lo estamos haciendo exclusivamente por una razón humanitaria”, sostuvo Carroza.

Varias líneas

En su determinación, el Poder Judicial estableció desarrollar varias líneas de trabajo.

Carroza detalló que lo primero fue pedir un levantamiento de la realidad judicial de este grupo vulnerable y paralelamente abrir la discusión e implementación de protocolos.

“En el caso que nos preocupa específicamente de los niños no acompañados, hemos pensado, después de los hechos que puso en conocimiento la magistrada Troncoso de Iquique que debíamos elaborar un procedimiento que permitiera que cuando el niño ingresa, nosotros ya tengamos algunos elementos a considerar cuándo queda en manos de Carabineros o Investigaciones”, detalló.

“Por eso se han hecho algunas gestiones para tener en la misma frontera, en el retén de Colchane, una implementación conocida por todos e inmediatamente tomar ciertas providencias como por ejemplo tomar medidas cautelares inmediatas respecto de la situación, contactarnos con las policías, contactarnos con el Sename y con las residencias donde estas personas podrían estar y a su vez empezar a buscar a sus familiares”, complementó.

La idea de la Corte Suprema es que luego de hacer un protocolo en base a la experiencia de Iquique se generen estándares mínimos para ser aplicados en todo el país.

“Estamos en una etapa inicial. Estamos elaborando un protocolo, queremos sensibilizar a las autoridades a través de las diversas regiones donde podría ocasionarse esta situación, como también hacer una difusión”, destacó Carroza.

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