La resolución 758 propone utilizar el 2% constitucional, que son recursos asignados al Presidente de la República en caso de emergencias o catástrofes.
El texto señala que Chile enfrenta actualmente una crisis migratoria sin precedentes, causada por la falta de acción de la clase política. Por esta razón, se propone destinar los fondos del 2% constitucional a medidas como el fortalecimiento de la seguridad policial y la construcción de infraestructura de emergencia.
Esta propuesta obtuvo un total de 88 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones.
La resolución 771 solicita medidas presupuestarias y administrativas para facilitar la identificación de los implicados y abordar la crisis migratoria y los desplazamientos irregulares.
El texto también propone instruir a los servicios competentes para agilizar los procedimientos y garantizar un control efectivo.
La iniciativa recibió 112 votos a favor y 12 abstenciones. Se hace referencia a las directrices del fiscal nacional, Ángel Valencia, conocidas como “Criterio Valencia”, que establecen cómo actuar en los casos de detención cuando el imputado carece de documento de identidad o pasaporte de su país de origen, así como en el caso de extranjeros sin RUN provisorio.
Sin embargo, la Asociación de Fiscales ha señalado deficiencias, como los retrasos en el proceso de registro civil. Además, la instrucción del fiscal nacional no considera casos especiales, como adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad o niños y adolescentes.
Para evitar violar los derechos humanos de los migrantes, se solicita al Ejecutivo destinar más recursos, por ejemplo, estableciendo oficinas del Registro Civil en los tribunales penales o en las cercanías.
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