Ampliar el control preventivo de identidad con nuevas herramientas para que las policías identifiquen a personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos, es el objetivo del proyecto, que continúa su discusión en general en la comisión de Gobierno Interior.

Dicha modificación a la ley 20.931 pretende dar cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley de Migraciones y Extranjería. La idea es establecer que el funcionario policial proceda a la detención temporal, poniendo al individuo a disposición de la autoridad migratoria competente dentro del más breve plazo.

Lo anterior para el inicio del proceso administrativo o judicial. Este último deberá realizarse no afectando los derechos y la dignidad de la persona controlada.

Movimiento Acción Migrante

En la oportunidad expuso ante la instancia el secretario ejecutivo de la Organización Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza. El dirigente precisó que, de acuerdo a la normativa actual y a lo que señalan organizaciones internacionales de DD.HH., no se debe criminalizar la migración irregular, ya que este hecho es una infracción administrativa y no un delito.

A su juicio, la detención como mecanismo de control migratorio es una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz (como señala el Comité de Trabajadores Migrantes).

Agregó que también se vulnera el principio de no discriminación e igualdad ante la ley. Ello porque la norma sólo se aplicaría a extranjeros, ya que en caso de nacionales se necesitan indicios de la comisión de un delito.

Cardoza indicó que el proyecto otorgaría una excesiva discrecionalidad en la calificación supuesta de migración irregular. Lo propio con las facultades fiscalizadoras de Carabineros, lo que contradice la ley de migración, que confiere dicha acción a la PDI.

En cuanto a cifras, sostuvo que a marzo de 2022, existen 500 mil trámites migratorios pendientes desde hace varios años, por distintos tipos de visa; en tanto, 127 mil personas estarían en situación irregular. Afirmó que en los últimos 10 años, se han expulsado en promedio 2.500 personas irregulares al año.

Al respecto, consideró que las expulsiones no son la solución definitiva a la migración irregular. Si lo son, los acuerdos con otros países que permitan ordenar el flujo migratorio y las reconducciones, además de adherir al Pacto Mundial de Migración que sistematiza el conjunto de experiencias y estándares de DD.HH., regulando la migración de forma ordenada y segura.

Debate

Las y los parlamentarios argumentaron que este proyecto busca dar respuesta a la crisis humanitaria. En especial, en cómo abordar, la expulsión de extranjeros irregulares con antecedentes penales. Ello porque a Chile ha llegado el crimen organizado, el sicariato y la trata de personas, entre otros delitos.

La principal promotora de la iniciativa, Joanna Pérez (DC) explicó que en la actual normativa existen problemas con las expulsiones administrativas y jurídicas para que sean más expeditas. Agregó que el proyecto no priva de libertad y que presentará una indicación que cambie el concepto de detención por “retención”, la que será breve.

En tanto, otro autor del proyecto, Renzo Trisotti (UDI) consideró que la regularización masiva no es la única forma de enfrentar el problema de la crisis humanitaria, pues no existe la capacidad de identificar quien ingresa. Aclaró que “proponemos un aumento del plazo en el control de detención para reconducirlos a la autoridad competente, en un procedimiento que está establecido en la ley”.

Noticia original: https://soydeosorno.cl/crisis-migratoria-continua-analisis-de-proyecto-que-amplia-control-preventivo-de-identidad/