La propuesta (boletín 15261) aplicará a quien no reúna las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro país. Incluye a quien, reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas.
A los extranjeros que ingresen existiendo causales de impedimento o prohibición de ingreso se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio. Esta va desde 541 días a 3 años y un día.
De la misma manera, se castigará a quien ingrese o intente salir valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso. También a quien falte a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida. En tal caso, la persona sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (desde 541 días a 5 años).
En la sesión, el grupo parlamentario recibió al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. La autoridad se refirió a las modificaciones que el Gobierno pretende llevar a cabo en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). El estudio permite conocer la percepción de inseguridad que tiene la población, así como la cantidad de personas y hogares que han sido víctimas de delitos o de intentos de delitos.
Parlamentarios de oposición señalaron que la encuesta no se realizó el 2022. Asimismo, plantearon sus dudas y cuestionaron que la ausencia del estudio fue por fines políticos. Al respecto, el subsecretario sostuvo que la medición no ha dejado de realizarse. Acotó que, de hecho, se han incrementado las herramientas. “Esos juicios, no necesariamente están en lo correcto”, agregó.
0 comentarios